Los problemas en el Ecuador parecen ser eternos, basta con prender la televisión e ingresar a redes sociales para recibir una descarga innecesaria de todo aquello que va mal en el país. Este fenómeno ha creado una sociedad expectante, cuya esperanza no va más allá del siguiente noticiero. Esta es la realidad que debe cambiar.
La vida en Ecuador va más allá de políticos poco capacitados, de “dimes y diretes” entre funcionarios y tramas de corrupción. Ecuador es un país que requiere de todos para levantarse, mantenerse en pie y desarrollarse.
Una forma efectiva de hacerlo es comenzar a involucrarnos como sociedad civil y empresa privada y dejar de esperar que llegue un político iluminado que resuelva todo en el país.
En un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se concluyó que para promover el desarrollo social y económico en América Latina y el Caribe es necesario aumentar el nivel de inversión en infraestructura a un 5% anual, lo que equivale a aproximadamente $280 000 millones al año.
Las Asociaciones Público–Privadas (APP), correctamente empleadas, constituyen una alternativa muy eficaz para el desarrollo en proyectos públicos de infraestructura, agua, saneamiento, energía, salud, educación, transporte, comunicaciones, entre otros.
La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la inversión Extranjera, define a las APP como una modalidad de gestión delegada por la que el Gobierno Central o los Gobiernos Autónomos Descentralizados encomiendan al gestor privado, la ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento total o parcial para la provisión de bienes, obras o servicios a cambio de una contraprestación por su inversión, riesgo y trabajo.
En otras palabras, podemos definir a las APP como un contrato a largo plazo entre una entidad pública y un ente privado para la provisión de un bien o servicio, mediante el cual el privado, asume significativamente los riesgos del proyecto y se responsabiliza por el correcto desarrollo y gestión del mismo, a cambio, la entidad pública, entregará una contraprestación económica vinculada a la ejecución y desempeño.
Es necesario comenzar a proponer e incentivar propuestas de APP en las que el sector privado, que ha demostrado ser mucho más eficiente al momento de ejecutar un proyecto, contribuye con un sector público, actualmente, deficiente, con poca capacidad de reacción y déficit presupuestario para el desarrollo.
Recordemos que el objetivo de las APP es optimizar el valor por el uso de recursos públicos y que al finalizar el contrato la propiedad y los derechos de explotación de la infraestructura se transfieren al ente público para que continue con la prestación del servicio. Esta última característica es fundamental para eliminar esa errónea y nociva interpretación que los contratos de APP constituyen una “privatización” de servicios puesto que no existe la venta de activos públicos.
Me he permitido plantear una alternativa real y eficiente para dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas del desarrollo nacional. La empresa privada tiene mucho que aportar, sus acciones pueden enfocarse a construir y no a tratar de sobrevivir en medio de impuestos e inestabilidad.
Al Ecuador, lo levantamos todos.
Bernardo Crespo
